Ocurrencias que hay que seguir

El pasado 29 de julio, el diputado José Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para la Protección de los Derechos de los Públicos de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura.

A pesar de su largo nombre, la iniciativa propone, en corto:

1. La creación de los “círculos de público”, que garanticen “la participación activa de los públicos en las tomas de decisiones” para “proponer y participar en la programación de eventos culturales administrados, promovidos u organizados” por las autoridades. Para el diputado Suárez del Real esta figura “es fundamental para garantizar la correcta aplicación del recurso del pueblo” (27 de julio).

2. Que los precios, costos y demás cuotas de recuperación de los bienes y servicios culturales que presta el Estado no sean superiores a una cuarta parte de un día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

3. Que la programación de eventos o actividades realizada por las autoridades responsables sea considerada como un acto administrativo; en otras palabras, que sea impugnable por el público.

4. Que el público de bienes y servicios culturales tenga la obligación de “prestar atención particular a la diversidad de la libertad creativa y el respeto a los derechos humanos de todas las personas”.

Esta iniciativa pretende constituirse en la reglamentación del párrafo noveno del artículo cuarto constitucional, reformado el pasado el 30 de abril, relativo al derecho a la cultura; es relevante porque apela a la formación de públicos y a la definición de mecanismos de participación social en las decisiones de política cultural, temas centrales de la transparencia y la calidad de los servicios culturales públicos.

En síntesis, la iniciativa contribuye a la discusión sobre esos temas, sin embargo requerirá un enorme esfuerzo someterla a la consideración de la sociedad. Su propuesta de crear “círculos de público” suena difícil de aceptar por gobiernos y grupos locales, pues apunta hacia la cesión de espacios públicos a grupos de poder cultural.

Además, que sean los usuarios de los servicios culturales quienes determinen “qué ver, qué escuchar, qué leer” es polémico por la única razón de que señala el gusto de una parte del público por encima del gusto general.

Con todo, es un tema apasionante; seguiremos pendientes.

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