Nueva controversia

Han pasado 400 días desde la promulgación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Su reglamento aún no se publica, pero ya enfrenta una controversia derivada del precio único del libro.

 

Sus artículos 33 y 35 prohíben a las librerías dar descuentos, regalos, puntos, bonificaciones o compensaciones de cualquier índole por comprar un libro, incluso en compras a plazos, a crédito o por suscripción; la medida tiende a evitar incentivos que en la práctica signifiquen una competencia desleal para las librerías que no ofrecen esas promociones.

 

La Comisión Federal de Competencia (CFC) piensa exactamente lo opuesto: el pasado 12 de agosto, envió una carta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria —organismo que está revisando el reglamento— donde solicita la eliminación de los citados artículos, ya que los considera contrarios a los beneficios de la libre competencia, al interés de los lectores y al fomento de la lectura.

 

Gandhi, El Sótano, Porrúa, Educal y Gonvill, que en conjunto tienen 150 librerías, coinciden con la CFC. De acuerdo con una nota periodística publicada en el portal de Terra el 26 de agosto, estos vendedores opinan que anular los incentivos de compra afecta el interés mismo por comprar libros, principal objeto del reglamento y de la ley primaria.

 

Los artículos y las opiniones son razonables en diferente grado. Es innegable que el libro es un producto del mercado y es natural que sus vendedores lo revistan de atractivo para venderlo; es un derecho de las librerías otorgar incentivos a sus clientes para que éstos adquieran libros, ¿cómo estar en desacuerdo con ello?

 

Sin embargo, el problema es más grande: el sector editorial está tan abandonado de incentivos fiscales que vender libros constituye un oficio de alto riesgo: no vender hoy significa cerrar mañana la librería; vender poco, significa cerrarla pasado mañana. André Schiffrin lo explicó en La edición sin editores (Era, 2001): cada vez hay menos librerías y menos editoriales pequeñas, pues todas son absorbidas por las mayores. Un fenómeno mundial.

 

Por eso, la industria editorial mexicana requiere una reforma fiscal que resignifique la cadena productiva del libro, pues actualmente hacer y vender libros es mal negocio en el mercado interno y poco significa en el mercado internacional.

 

Desde esta perspectiva, la controversia por los artículos 33 y 35 deja ver dos visiones del futuro de la industria editorial en México. Pero sólo de su economía. El fomento a la lectura se cuece aparte.

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