Por un verdadero federalismo de la política cultural en México

Desde octubre de 2008, cuando la Honorable Cámara de Diputados de México aprobara el derecho al acceso a la cultura en el artículo 4° de la Constitución General de la República, y con ello reconociera los derechos culturales como garantías individuales, los poderes del Estado tienen la obligación de prever lo necesario para hacer realidad este derecho en la acción institucional.

Ese derecho ya ha sido reconocido por las naciones del orbe. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, dice, a la letra:

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.[1]

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 15 que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural”[2], con lo cual queda suficientemente acreditado y justificado.

Sin embargo, a partir de su reconocimiento constitucional, ese derecho ha de traducirse en política pública, con la participación de todos los sectores de la sociedad y en concordancia con una legislación integral.

Tengo para mí que el principio sobre el cual debe descansar toda política pública que garantice el ejercicio de los derechos culturales, debe apoyarse en el federalismo, sistema reconocido desde la Constitución de 1824[3], y hoy está presente en el artículo 40 de la Constitución General de la República, como característico de la Nación mexicana.[4]

Históricamente, el federalismo de México exige relaciones de paridad entre las entidades de la República con el poder central y suprime las relaciones de subordinación, pero también exige salvaguardar las peculiaridades propias de las autonomías, aglutinadas voluntariamente en torno de una entidad superior, llamada nación o país nacional.

La articulación del federalismo está regida bajo el principio de competencia normativa, que “consiste en acotar un ámbito material y encomendar su regulación a un determinado tipo de norma, de manera que los demás tipos de norma no pueden, en principio, incidir sobre dicha materia”[5], lo que sin duda contribuye a la distribución de poder de manera horizontal, pero que impone un deber de respeto recíproco entre normas.

Sin embargo, lo más importante es que los principios del federalismo en la política cultural pueden servir, con mayor intensidad en los próximos años, como atemperante del centralismo que se ha propiciado desde el sistema jurídico y político nacional, que ha impedido, en la práctica, la distribución equitativa de las decisiones en materia de política cultural, en razón de que las competencias entre órdenes de gobierno limitan la preservación, el impulso, el rescate y la difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, ancestral y presente de la sociedad mexicana.

Sobre ese simple y llano principio, que en la realidad actual aún no se instrumenta en virtud de que las instancias colegiadas existentes no garantizan la participación orgánica e integral de los órdenes de gobierno en la planeación, diseño, instrumentación y evaluación de la política pública del desarrollo cultural de la Nación, se hace necesario proponer, mediante una nueva legislación, instrumentos de participación federalista que incidan en las decisiones estructurales de la política cultural, en todos los ámbitos y en todos los aspectos, sin menoscabo de la soberanía de las entidades federativas, las autonomías municipales y el poder central de la Federación, con pleno respeto a las características de territorios, composición social y expresiones culturales, a fin de garantizar el derecho a la cultura de la población mexicana.

Éstas son mis propuestas para lograr la articulación de nn verdadero federalismo mexicano en política cultural:

1. Lograr una legislación secundaria que garantice la participación paritaria de entidades federativas y municipios que forman la República Mexicana en instancias nacionales de decisión acerca de la política pública en materia de desarrollo cultural. Se trata de lograr con mayor eficacia que el Estado deje de ser promotor de la cultura para lograr ser rector de este quehacer con la participación y el apoyo de todos los sectores de la sociedad, a través de una revisión de sus obligaciones indeclinables en la materia, de las áreas donde no debe intervenir y de aquellas donde puede y debe participar la sociedad, tal como lo establece el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.[6]

2. Redefinir la personalidad jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy establecido como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación federal autorizado para coordinar todas las unidades administrativas e instituciones públicas cuya labor sea promover y difundir la cultura y las artes, a fin de delimitar su competencia normativa y, por ende, ampliar las atribuciones de las entidades federativas en materia de derechos culturales. Con ello va la ampliación del número de programas con reglas de operación públicas.

3. Lograr que el presupuesto de egresos anual de la Federación mexicana, así como los acuerdos de coordinación derivados de él entre la Federación, los estados y los municipios, hagan explícitos los criterios de asignación de recursos, a fin de perfeccionar el esquema de fondos mixtos y fondos regionales con que operan las entidades, los municipios y la federación.

La pluralidad de los gobiernos actuales, la alta competitividad electoral y la multiplicidad de expresiones sociales en los territorios municipales y estatales de México hace necesario refrendar el federalismo como un mecanismo que salvaguarda la convivencia social y las libertades públicas, en concordancia con el reconocimiento a los derechos culturales como garantías individuales.


[1] ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.

[2] ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966

[3] “El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en su artículo 4 señalaba: ‘La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal’. Miguel Carbonell, “El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias”, en Anuario de derecho constitucional latinoamericano, 2003, UNAM, p. 380.

[4] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

[5] L. M. Díez Picazo, “Competencia”, en Enciclopedia jurídica básica, Madrid, Civitas, 1995, p. 1183.

[6] SEP, Programa Nacional de Cultura 2007-2012 [http://www.conaculta.gob.mx/wp-content/uploads/2008/09/pnc2007_20121.pdf], consultado el 12 de julio de 20010.

Anuncios

Un pensamiento en “Por un verdadero federalismo de la política cultural en México

  1. […] “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.[1] […]

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: